Despistes que cuestan la libertad


Por: Yisell RODRIGUEZ MILAN

Si un ciudadano quebranta los derechos de otro o incumple algún deber constitucional puede perder hasta dos años de libertad.  ¿Se ha puesto usted a pensar en cuántas veces, de manera callada, ha sido víctima de vejaciones o ha quebrado, inconscientemente, la legalidad? ¿Conoce acaso sus derechos, deberes y garantías fundamentales?…

Desconocer la ley fundamental de la República lo llevará a exigir donde no debe y a tropezar constantemente con lo que tal vez no desee. Y se enredará en divagaciones inútiles, molestará y hasta puede que lo maltraten en oficinas donde no tienen nada que ver con la solución de su problema.

Sobre este asunto medular, Carmen Sugranyes Ramos, fiscal provincial y Sergio E. Castillo Torres, presidente de la Unión de Juristas  opinan que “el desconocimiento de la ley no exime a nadie de su cumplimiento, ni siquiera cuando las violaciones son cometidas por funcionarios excedidos en el ejercicio del poder y desconocedores de la Carta Magna de la República”.

“La Constitución es el documento jurídico más importante de la isla y contiene los principios que regulan las relaciones entre gobernantes y gobernados en cuanto a extranjería, familia, igualdad, división política-administrativa, funcionamiento de los tribunales y fiscalía, el sistema electoral, entre otras cuestiones de importancia vital para cualquier ciudadano”, explica Castillo.

Cuando es violado alguno de sus 127 artículos el perjudicado puede demandar al transgresor en los tribunales o dirigirse al Departamento de Protección de los Derechos Ciudadanos de la Fiscalía Provincial, órgano encargado de la vigilancia estricta al cumplimiento constitucional y de exigir respuesta a los dirigentes, funcionarios, empleados o miembros de entidades económicas o sociales involucrados.

“Pero la gente acostumbra a dirigirse a cualquier oficina de atención a la población en vez de ir directamente a los órganos con poder jurisdiccional como la Fiscalía o los Tribunales que son los que hacen cumplir a los culpables las sanciones impuestas por quebrantar la ley”, argumenta el jurista.

Al averiguar sobre los reclamos constitucionales más usuales en el territorio, Carmen Sugranyes, fiscal provincial, alega que “están relacionados con lo laboral, penal, civil y administrativo, proliferan las inconformidades con medidas disciplinarias y de responsabilidad material, desacuerdos con el funcionamiento de los órganos de justicia laboral,  discrepancias en cuanto a guardia y cuidado de los niños y su pensión alimenticia, reclamaciones de vivienda, problemas por tierras y desacuerdos con las multas”.

Como protectora de los derechos ciudadanos, Sugranyes explica que el  Código Civil y el Código Penal son leyes complementarias de la Constitución que establecen sanciones a través de medidas disciplinarias y hasta de privación de libertad contra los violadores:

“El Código Penal, por ejemplo, considera delitos aquellas acciones que atentan contra derechos individuales como el secreto de correspondencia; la libre emisión del pensamiento; los derechos de reunión, manifestación, asociación, queja y petición; la libertad de cultos o la igualdad social”, argumenta.

Mejor precaver antes que lamentar y aunque despistados o no, según la Ley suprema de la República, todos los cubanos tengan los mismos derechos, deberes y garantías, siempre es más seguro conocer la Constitución y evitar así despistes que le puedan costar al ciudadano su libertad.

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